América Latina y un 2023 de polarizaciones extremas

A pocos días de concluir el presente 2023, resulta oportuno calificar este periodo como un año en el cual América Latina ha vivido la polarización extrema de las posturas políticas y gubernamentales de varias de sus naciones más influyentes, no solo en la región, sino también en el panorama político y económico mundial.
Así fue que el año inició literalmente convulso. Exactamente a una semana de su asenso oficial al poder, el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, enfrentó una de las primeras crisis políticas de la nación, otro de los intentos de la derecha de evitar su retorno al Palacio de Planalto, desde donde el líder del Partido de los Trabajadores dictó inmediatamente medidas y reformas en pos del pueblo y en detrimento de las grandes oligarquías, simpatizantes del ex mandatario Jair Bolsonaro.
Como una copia fiel del esquema del trumpismo y el asalto al Capitolio de Washington, el domingo 8 de enero una multitud con camisetas ‘verdeamarelas’ irrumpió en las tres sedes emblemáticas del poder político en Brasilia: el Palacio de Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo.
Azuzados por las primeras decisiones del nuevo gobierno de devolver su esplendor a la Amazonía, en contra de intereses de grandes transnacionales que operaban a sus anchas en la zona, de colocar la multiplicidad religiosa en el centro de atención, en un país donde la iglesia católica danza entre millones y se sienta en el trono del poder hace siglos y de devolver la dignidad a los millones de brasileños empujados al camino de la pobreza, por solo mencionar algunos dictámenes, provocaron aquel estallido de los simpatizantes de Bolsonaro, quienes fracasaron en su intento de sacar del poder al legítimo presidente electo y a la esperanza que él significaba para el gigante sudamericano.
Más allá de Brasil, el cono sur ha sido el foco de atención durante la mayor parte de este año, y otras naciones como Bolivia han viajado de un crecimiento económico significativo después del golpe de estado del 2019, a la inestabilidad política interna de su fuerza de vanguardia, el Movimiento Al Socialismo, lo cual ha provocado marcadas divisiones que ya afectan el equilibrio nacional.
Al respecto, el Instituto de Estadística Nacional publicó a inicios del pasado mes de septiembre que de enero a julio de este año La Paz alcanzó los 11 mil 275 millones de dólares en exportaciones, cifra superior en un 36 % a igual período del 2022, con los mayores números en la extracción de hidrocarburos y minerales, así como la industria manufacturera.
Esta situación coloca hoy a Bolivia a la cabeza de las naciones de menor inflación en América Latina, con una estabilidad en los precios de los principales productos y servicios básicos ciudadanos, ante una realidad regional golpeada por la pandemia sanitaria y agravada por la guerra en Ucrania.
Sin embargo, el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido político que rige los destinos del Estado Plurinacional de Bolivia desde que llegó a la presidencia el primer mandatario indígena, Evo Morales Ayma, hace 17 años, vive hace meses la peor desavenencia en sus filas jamás vista, nada más y nada menos que entre el propio Morales y el actual presidente Luis Arce Catacora.
Evo Morales, quien guió el gobierno boliviano desde enero del 2006 hasta el golpe de estado anticonstitucional de la opositora Jeanine Añez en noviembre del 2019, encabezó frente al MAS la mayor transformación económica, política y social vivida por el país andino, dirigida al beneficio de la inmensa mayoría olvidada y sometida por décadas a intereses extranjeros, enfocados en la explotación de sus enormes yacimientos minerales.
La restauración del MAS en el poder llegó con la presidencia de Lucho Arce en octubre del 2020, quien antes, como militante del propio Movimiento, había sido ministro de Economía y Finanzas de Morales Ayma desde el 2017 hasta su salida forzosa de La Paz.
Ante esta idílica situación de continuidad, nadie supondría la cruda realidad existente, pues su principal fuerza política vive marcada ahora mismo por la fragmentación de sus militantes, en lo que se vislumbra como una pelea de poder, agudizada tras el anuncio de Morales Ayma de presentarse de candidato del MAS a las elecciones del 2025, lo que podría terminar en una ruptura total entre ambos líderes en plena campaña presidencial.
En medio de esta “lucha de egos”, uno de los más tristes episodios que enfrenta hoy la izquierda latinoamericana, no solo en Bolivia sino también en otras naciones, algunos especialistas ya vislumbran unas complejas elecciones, pues tanto evistas como arcistas, al parecer, no darán la mayoría necesaria a ninguno de los dos representantes del MAS, por lo que la derecha burguesa tendrá una buena oportunidad para resurgir desde los votos.
Por otra parte, Argentina dijo adiós en las urnas al peronismo y gira su futuro a un renacimiento de la ultraderecha simpatizante de Norteamérica, vuelve a abrazar los fondos buitre, las privatizaciones de servicios públicos y la dolarización de su economía tiñe de gris estos últimos días y avizora un complejo 2024 para los bonaerenses.
La llegada del ultraliberal Javier Milei oficialmente a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre, significó la derrota de los dos grandes partidos políticos de esa nación: el peronismo y el radicalismo, por primera vez en los 40 años de la nueva democracia de la nación suramericana luego de la dictadura de Videla (1976-1983).
Milei, economista y figura de los medios de comunicación, sin ningún tipo de preparación política ni diplomática, manejó su campaña presidencial desde la perspectiva de lo que él mismo catalogó como “sinceridad total”, una postura que si bien muchos consideran una estrategia favorecedora para atraer mayormente a los sectores más jóvenes, que son a su vez los más impulsivos y arriesgados, lo cierto es que también pone en tela de juicio a su figura frente a esa casta política tradicional y conservadora, que por décadas ha manejado un sector extremadamente importante de la sociedad argentina.
Mientras tanto, Ecuador enfrentó también unas elecciones en las cuales muy pocas esperanzas alumbran un camino incierto para un país que vivió varios meses la situación más violenta que ha conocido en los últimos tiempos. El asesinato a plena luz de líderes políticos, diputados, concejales, representantes de algún partido e incluso el candidato presidencial Fernando Villavicencio, se volvió un titular común que identificó a ese país en la prensa mundial.
Luego de la disolución de la Asamblea Nacional por el entonces presidente Guillermo Lasso, Quito necesitaba un nuevo gobierno, el cual ha sido ocupado por el joven Daniel Noboa, hijo del mayor millonario del país y que, al decir de muchos, enfrentó su campaña presidencial como un “capricho de niño rico” que quiso ser presidente.
Amén de posturas políticas, detractores o simpatizantes, Noboa asumió su cargo el pasado 23 de noviembre con un conciso discurso de apenas 7 minutos, en el que no hizo grandes promesas para completar el mandato abandonado por Lasso hasta el 2025, pero que lo pone a la cabeza de una nación que cerró el 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100 mil habitantes, y con una tendencia que puede superar incluso los 40 homicidios por cada 100 mil ciudadanos este 2023, publica el sitio web de la cadena muti estatal Telesur.
Igualmente, deberá lidiar con una economía en situación extrema, con un crecimiento acelerado de las tasas internacionales de interés, lo que condiciona el financiamiento externo y las inversiones foráneas en el país.
Y como una muestra de que todo entendimiento es posible si las partes involucradas respetan y priorizan intereses de uno y otro lado, los más de dos mil 200 kilómetros de frontera terrestre que dividen a Colombia y Venezuela volvieron a respirar aires de calma, de diálogo, de entendimiento y de amistad entre dos pueblos unidos desde la raíz misma de los ideales bicentenarios del libertador Simón Bolívar.
Desde el abrupto cierre promovido por el entonces gobierno colombiano de Iván Duque, los vínculos económicos, culturales y sociales que por décadas han unido y sostenido el desarrollo cotidiano de los territorios a ambos lados de la frontera, se vieron sumergidos en la propagación del mercado negro los pasos ilegales y el fortalecimiento de los grupos armados, que instauraron la violencia en las comunidades vecinas.
En ese sentido, el nuevo ejecutivo de Colombia, que encabezado por Gustavo Petro constituye el primer gobierno de izquierda en llegar al poder en dicho territorio latinoamericano, marcado por años de guerra civil y conflictos sociales, ha buscado desde el principio trazar un camino, que si bien no ha estado ni estará exento de enormes desafíos, pretende colocar al país en su merecido lugar protagónico dentro del proceso político y revolucionario del continente.
Dicha normalización abrió la senda de positivos dividendos para los dos países a partir del reimpulso del intercambio comercial, con el objetivo de superar los siete mil 200 millones de dólares de beneficio alcanzados en el 2008, cifra reducida prácticamente a cero con el cierre parcial de la frontera en el 2015 y su clausura total del 2019.
Más al sur del continente, en un Chile que arrastra aun vestigios legales y oficiales de la tenebrosa dictadura de Augusto Pinochet, el joven mandatario Gabriel Boric, pese a grandes desafíos y contra todo pronóstico, celebró su primer año de gobierno marcado por logros en materia económica con un superávit fiscal que llevaba ausente una década, ha podido sacar adelante algunas de sus políticas sociales y medioambientales, así como establecer la gratuidad total en las atenciones de salud.
Si bien el mandatario ha tenido que ceder en algunos asuntos como la reforma tributaria ante una oposición vociferante, encabezada por la rancia burguesía chilena, dueña por décadas del país y sus recursos, acostumbrada a gobernar en la sombra y manejar los hilos del ocupante del Palacio de la Moneda, lo cierto es que Boric también ha conseguido ingresos importantes con la reactivación del mercado del cobre, del litio y la inversión extranjera.
Otros gobiernos como el del mexicano Andrés Manuel López Obrador, el del nicaragüense Daniel Ortega y los de decenas de pequeñas islas caribeñas, también persisten en el establecimiento de modelos económicos más sociales y menos influenciados por la crudeza del capitalismo, a través del establecimiento de vínculos con potencias antioccidentales como Rusia, China e Irán, a riesgo de bloqueos, presiones, sanciones y amenazas a sus soberanías nacionales.
Pero, como en siglos anteriores y como ya es habitual, América Latina y el Caribe han tenido encima este 2023 los ojos de viejas potencias imperiales europeas, sumadas al escrutinio constante del gobierno de turno de la Casa Blanca, cuyas economías naufragan entre conflictos bélicos y la escasez o la demanda acelerada de recursos naturales, de los que, las mayores reservas se localizan, precisamente, al otro lado del Atlántico y al sur del Río Bravo.
Ante esta situación, en la que el dinero constituye el motor impulsor para promover cualquier tipo de “estrategia” en busca de alcanzar su objetivo, nuestra zona geográfica se ha enfrentado no solo al acoso y la persecución de sus transacciones financieras y sus bienes económicos, Cuba y Venezuela son el ejemplo más preciso de ello, sino a una guerra constante a aquellos gobiernos que “no bajan la cabeza” frente a amenazas y chantajes.
Los ejemplos de países “rebeldes” en nuestro continente resuenan en los oídos de quienes intentan seguir saqueando sus recursos, tras más de 500 años de la llegada de los primeros europeos y las deudas aún por pagar de la conquista y la colonización a la que fueron sometidos los pueblos latinoamericanos.
Naciones como Venezuela, Cuba, Chile, Bolivia, México, entre tantas otras, continúan mellando sus desacuerdos internos para consolidar una unidad regional que duele y molesta, a quienes saben que poseen la capacidad, los recursos, la fuerza, la inteligencia y la resistencia para alzarse por encima de sus diferencias y conseguirlo.