Servicios de justicia en Villa Clara ante el nuevo rebrote de la Covid-19
Ania María Aparicio, Directora Provincial de Justicia en el territorio, informó que en el Complejo Notarial de Santa Clara, donde convergen varias instancias de justicia, continúa prestando los servicios notariales más comunes, dígase poderes, autorizaciones para viajar y para solicitar pasaporte, testamentos por excepcionalidad, así como otros servicios que solicite la población y que, por excepcionalidad, la Dirección de Justicia apruebe.
El Registro de la Propiedad no brinda servicio a las personas naturales, solo tramita las inscripciones de inmuebles estatales y, solo en determinados casos, tramita asuntos particulares. Por su parte, el Registro Civil continúa prestando servicios básicos, aunque potencia el uso de la vía online mediante el sitio web del Ministerio de Justicia.
En el mes de febrero se gestionaron unas 4826 solicitudes de certificados por vía digital, de las cuales 3020 se entregaron y otras 626 se encuentran en proceso. Los servicios más solicitados son el proceso de certificaciones de antecedentes penales, actos de última voluntad, declaratoria de herederos y certificaciones de defunción y nacimiento.
Las personas que hoy no poseen acceso a Internet, pueden realizar este trámite mediantes los bufetes colectivos con la intermediación de un abogado.
Las instituciones de servicios legales también mantienen la prestación de sus servicios para la tramitación de documentos con validez en el exterior. La Consultoría Jurídica Internacional es otra de las entidades que también continúa prestando sus servicios, aunque en estos momentos se encuentra cerrada por un evento de Covid-19.
Joaquín Collado, Director de Bufetes Colectivos, señaló que los trámites relacionados con Vivienda y Planificación Física sí están paralizados en la actual situación epidemiológica.
Con la llegada de la tarea ordenamiento los servicios jurídicos modificaron sus tarifas; no obstante, se permite, por excepcionalidad, el pago aplazado o no cobro de los servicios jurídicos a aquellas personas que no cuenten con los recursos financieros para acceder a dicho servicio.
Una aclaración válida ante la constante duda de la población es que los contratos u trámites iniciados antes del 4 de enero de 2021 se mantendrán con el precio anterior a la aplicacion de la Tarea Ordenamiento.
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