Por una comunicación social y emancipadora
La comunicación entendida como un servicio público, como un derecho y un bien común, para la cohesión social y la transformación revolucionaria de las condiciones de actuación y de participación del pueblo, será la cualidad distintiva de nuestra Ley de Comunicación Social. Lo que se propone es un sistema de normas para empoderar la legítima sociedad civil cubana, para hacer más virtuosos a nuestros ciudadanos, para que puedan “crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida”. Así se vislumbra en el anteproyecto de Ley presentado el pasado 11 de julio, en el Centro de Prensa Internacional.
Como se declara en su artículo primero, el objeto de la ley es “establecer las normas generales destinadas a articular el sistema de comunicación social de la República de Cuba para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos institucional, mediático y comunitario, en los espacios públicos físico y digital, así como los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social”.
De ahí que se estipulen los derechos de la ciudadanía y los deberes de los servidores públicos en la esfera comunicacional, en pos de una mayor participación ciudadana en la construcción de agendas mediáticas y la transparencia en la gestión de la información de interés público. Por igual, se apuesta por el acompañamiento comunicacional en los municipios a los proyectos de desarrollo local. En definitiva, para un flujo emancipador de los símbolos y sentidos.
El proyecto legal, abierto por estos días a la consulta popular, es la versión 32 de un texto integrador, construido en un largo proceso de investigación y conciliación. Responde a uno de los acuerdos de la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno y se sustenta en la práctica comunicacional de la nación y en políticas emanadas de los congresos del Partido Comunista de Cuba. Sobre la base de los preceptos de la Constitución y otros documentos rectores del país, articula las demandas de los profesionales de sector y las experiencias y regulaciones internacionales; atemperadas a los tiempos que corren y sobre todos nuestras propias condiciones, la de un país en desarrollo, en tránsito socialista.
No se hace para ostentar cierta “normalidad” liberal, o para cumplir con ciertos criterios de “calidad democrática”, esos que dictan desde las academias y tanques pensante de Occidente Capitalista, que publicitan los expertos en enajenar las masas, los “trabajadores orgánicos” de una élite transnacional que es dueña de los más poderosos emporios de la aculturación, y que ha convertido a la prensa en empresas que lucran con la (des)información.
No nace esta Ley para una Cuba en abstracto, aislada, en una campana aséptica, libre de intoxicaciones y contradicciones, de intereses extraños y opuestos a ese fin cimero de empoderar al pueblo. Se construyó y se implementará en una nación apetecida y asediada por el más voraz y amoral de los imperios, que cuenta con las plataformas multimediales de mayor alcance e influencia. El mismo que invierte para dividirnos y el que sufraga esa red de esparcidores de falacias que se enmascaran como “independientes” y que enfilan sus cañones contra este anteproyecto de ley. Lo que incluye la relación de la prensa con el PCC.
Ellos no comprenden -o no quieren comprender- que nuestro Partido como el fundado por Martí, no es un partido electorero, sino una entidad para la promoción de valores cívicos y humanistas en pos de objetivos políticos comunes. O, cual lo definió Gramsci, “elemento principal de cohesión que centraliza en el ámbito nacional, que da eficiencia y potencia a un conjunto de fuerzas”. Ese fue el rol concebido por el Apóstol de la Independencia para el Partido Revolucionario Cubano. Son dos partidos para movilizar, para conformar identidades revolucionarias y promover virtudes ciudadanas; promotores de una acción pública integradora que produzca un acumulado emancipador.
Como se refrenda en la referida Política de Comunicación del Estado y el Gobierno Cubanos, “el Partido Comunista de Cuba es rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control”. Asimismo, declara que el principal objetivo de esa política rectora es: “contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución Socialista y el Partido”.
Esto no entra en contradicción con las nuevas fórmulas para la gestión y el control de los medios de prensa y comunicación en Cuba que establece el anteproyecto que, a tales efectos, autoriza al Instituto de Información y Comunicación Social a “articular la gestión del sistema de comunicación social en el país”. Tampoco con “el pluralismo de opiniones y el ejercicio de una prensa situada por encima de intereses privados y de grupos” que proponía el profesor y periodista Julio García Luis.
Por demás, el propósito “superior” de nuestro Partido es propiciar estallidos de participación política, mediante expansiones de la conciencia política. Como vanguardia, ha de crear las condiciones que permiten ampliar las movilizaciones, activar un proceso creciente de identificación de los ciudadanos en un “nosotros”, con un pensar como país; para la concreción de sus expectativas de cambio y de satisfacción paulatina de sus necesidades biopsicosociales, incluida la de “defender su ser y propulsar su devenir mediante el análisis crítico y la denuncia pública del origen y procedencia de sus males, vicios y deficiencias”, como consideraba Raúl Roa. Para lo que cuenta con el sistema de medios de comunicación.
Un sistema de medios que debe ser sostenible, apelando a nuevas formas de gestión y financiamiento, que estimule la creatividad y la inventiva. De ahí que en los dos títulos, 12 capítulos y 69 artículos de la versión propuesta se integren a las regulaciones en los ámbitos de la comunicación institucional, mediática y comunitaria, otras cuestiones como la publicidad, el patrocinio y la investigación. Así como la gestión económica de los medios de comunicación social en el ámbito mediático.
Además se incluye capítulos referidos a la marca país, la regulación y control de los procesos de comunicación social, y contravenciones asociadas a la comunicación social.
- Consulte además: Claves sobre el Instituto de Información y Comunicación Social
Vale resaltar la inclusión en el capítulo IV, sobre la comunicación social en el ámbito institucional, la Sección Segunda referida a la Comunicación de crisis; entiéndase las acciones comunicativas que se deben desarrollar ante siniestros como los de la explosión en el Hotel Saratoga y en los supertanqueros de Matanzas. Para la “prevención, solución o reducción de las situaciones que ponen en peligro el normal funcionamiento de una actividad, sector, institución, territorio o el país y que afectan su credibilidad, reputación e imagen”.
Otra cualidad del proyecto legal es la expansión de la comunicación más allá de los medios y las instituciones, hasta los niveles comunitarios. Una extensión hasta lo local, de los derechos a la comunicación que hace más viable la participación de la ciudadanía (mandante) en los procesos de comunicación y de producción de información, lo que posibilita un mayor control popular de la gestión de los órganos locales del poder popular(mandatarios). Una novedad que deviene en un nuevo reto.
La ley que aprobaremos deberá activarse en el entramado de demandas y de expectativas de la sociedad civil legítima, no en la instrumentalizada por el enemigo y/o colonizada por los medios globales. De modo que movilice, en consonancia intelectual, afectiva y existencial, a los sujetos actuantes en los tres ámbitos que comprende; con el sentido esencial, emancipador y dignificante que resulta de los principios y preceptos refrendados en la Ley de leyes, aprobada por la mayoría en el 2019. Es decir, para la “construcción de una sociedad centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible”.
Debe asumirse, por los responsables de su implementación cotidiana y por la sociedad toda, como una obra y un bien de la cultura constituida y actualizable. Como un sistema de regulaciones para estabilizar y ordenar; más, sobre todo, para revolucionar, para “cambiar todo lo que deba ser cambiado”. Un propósito que incluye la descolonización y la concientización de los que aún no perciben como vital esta nueva Ley de Comunicación Social.
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