jueves, 18 abril 2024

Mitrans informa sobre proceso de homologación de vehículos armados por partes y piezas y el arrendamiento de medios de transporte

Responsables del Ministerio de Transporte informaron este martes sobre el avance en el proceso de homologación de vehículos armados por partes y piezas o con transformaciones no autorizadas, que concluirá en 2022 y es “excepcional y de una única vez”. Además, destacaron la necesidad de un mayor conocimiento de la Resolución 207/2021, que permite a entidades estatales arrendar equipos a personas jurídicas y naturales.

En un encuentro con la prensa en la sede del ministerio, en La Habana, Pedro Velásquez Castillo, director de Seguridad Automotor del Mitrans, recordó que la Resolución 200/2021 del ministro de Transporte autorizó realizar la revisión y homologación de todos los vehículos armados por partes y piezas, buscando que cumplan con los requisitos de seguridad vial.

Luego de un primer censo en 2019, en el que se presentaron más de 44 000, se realizó otro en 2021, precedido de un amplio proceso de divulgación, que cerró con 114 830 medios censados en los municipios del país: 464 autos con conversiones o transformaciones que superan la actualización legal definida en la Resolución 349/2019, y 114 366 vehículos armados por partes y piezas. El plazo del censo se cumplió el 4 de septiembre de 2021.

Las provincias que más equipos presentaron al censo fueron Pinar del Río, Matanzas y Villa Clara, todas con más de 10 000 equipos. En el resto, el promedio fue de entre 6 000 y 9 000 medios. En La Habana fueron 8 675 los equipos presentados. Terminado el censo, el proceso de revisión comenzó días atrás.

Según Velásquez Castillo, tanto entre los vehículos con cambios y conversiones, como en los armados por partes y piezas que se han presentado, los principales problemas detectados para considerarlos no aptos han sido los sistemas de dirección, frenos y luces, que los propietarios deben resolver en los seis meses disponibles para acceder a una segunda revisión.

“En octubre comenzó la etapa más amplia, que es la homologación de vehículos armados por partes y piezas. Son más de 114 000 medios a revisar, es un cronograma muy tenso de revisión para cumplir los plazos establecidos en la Resolución 200, que señala un año para el proceso de revisión. De los 937 que hasta el momento se han revisado, 404 han sido declarados aptos, y 533, no aptos.

“Es una proporción similar a la que se registra entre los vehículos que pasan la revisión técnica, donde se aprueba aproximadamente entre el 60 y el 70% de los medios”, comentó.

Entre otras medidas para dar facilidades a los propietarios de los vehículos censados, se decidió que en los casos de los vehículos que no necesitan pasar por el equipamiento especializado de las plantas de revisión técnica, conocidas como “somatón”, la comisión se mueva hacia los municipios, sobre todo en provincias con municipios lejanos de la capital provincial.

“Las comisiones se están moviendo a los municipios y trabajando allí. Eso ayuda a evitar los movimientos, la concentración de personas y los gastos de los propietarios. Se está tratando de hacer todo lo posible para reducir los esfuerzos que tenga que hacer la población para realizar la homologación de estos equipos y que puedan ser inscritos en el Registro de Vehículos”, apuntó.

Velásquez precisó que se está cumpliendo la citación de todos los propietarios cuyos vehículos fueron censados, “y se les avisa como mínimo con cinco días de antelación para presentarse ante la comisión técnica. Se está citando personalmente, llamando por teléfono, yendo a los consejos populares, para informar la fecha y horario de la revisión técnica”.

Manuel Lázaro Corujo Bosque, director jurídico del Mitrans, subrayó que la Resolución 200, firmada por el ministro el 16 de junio de 2021, dispone que este es un proceso excepcional y por única vez.

“Se ha hecho con mucha información, con un tiempo prudencial desde que la resolución entró en vigor… A los que ya habían censado en 2019, se les aclaró que el censo inicial tiene la misma validez. Con base en esa cifra de 114 366 vehículos armados por partes y piezas censados, hay un cronograma ajustado para que en el periodo de un año se cumpla el proceso”, agregó.

Según la Resolución 200, los medios que se presentan a la primera inspección y tienen deficiencias que hacen imposible su aprobación, pueden ser presentados a una segunda revisión, transcurridos seis meses desde la primera.

Sobre este punto, el director de Seguridad Automotor del Mitrans dijo que los no aprobados en la primera inspección, luego de trabajar en los problemas señalados y antes de presentarse a la segunda inspección, tienen a su disposición la posibilidad de llevar sus medios a un diagnóstico en las plantas de revisión técnica (“somatón”).

“Ese diagnóstico no decide nada en el proceso de homologación, pero sí puede ayudarles a determinar si realmente resolvieron los problemas detectados (o identificar qué no han resuelto adecuadamente) y tener certeza antes de ir a una segunda inspección, que es la definitiva”, explicó.

Los responsables del Mitrans recalcaron que es un proceso excepcional y de una única vez.

Aquellos vehículos no presentados al censo, o los no aprobados en segunda inspección (por determinados motivos técnicos que pueden ser problemas de dirección, frenos, luces, soldaduras, o elementos de protección), no podrán circular una vez concluya el plazo del proceso de homologación, en 2022. En esos casos, se aplicará lo establecido por la ley.

El límite de 2022 para la circulación de vehículos no censados o que no hayan aprobado el proceso de homologación aplica para vehículos nuevos armados por partes y piezas que no aparecen hoy registrados, pero no para los casos de compras de autos ya registrados (solo actualización en el Registro a nombre del nuevo propietario), o compras de autos registrados con planes de cambio y reconversión (se sigue el procedimiento de la Resolución 349/2019).

Tampoco para motos ya registradas (como Karpaty y otras marcas) a las que se instalan motores modernos como los Suzuki (son motos que ya están registradas, a las que se está haciendo una transformación. Se tramita igualmente por la Resolución 349).

Es importante –insistieron– que los propietarios se presenten cuando se les cita, porque reubicar en el cronograma a aquellos que no se presentan tensa el proceso. Hoy, algunos propietarios cuyos medios están censados son convocados a la revisión técnica y no acuden en la fecha fijada.

Enfatizaron que antes y durante el censo se ha informado por los medios de comunicación, redes sociales y otras vías, y la muestra de que ha habido información es que más de 100 000 propietarios se han presentado y sus medios fueron censados.

Sobre el posible impacto de la pandemia en el censo, Velásquez aclaró que el contexto llevó a una situación muy tensa a los funcionarios en las provincias, pero que incluso en ese contexto no se cerró el proceso, con excepción de dos provincias, Holguín y Villa Clara, una que lo detuvo hasta el 14 de septiembre y la otra hasta el 25 de septiembre.

“Pero todas las comisiones provinciales para el censo siguieron trabajando y atendieron a todos los propietarios que se presentaron. Se informó por todas las vías, por los medios provinciales de comunicación. El trámite del censo no paró nunca, se realizó normalmente como establece la resolución e, incluso, para que muchos propietarios no tuvieran que moverse a las direcciones provinciales de Transporte a censarse, el personal que censaba fue a los municipios, como mismo se está haciendo ahora con la inspección”, señaló.

Corujo Bosque recordó, además, que el censo no requería que se presentara el dueño del medio. “Podía hacerlo también un representante”, apuntó.

Cada propietario tiene dos oportunidades de presentar su vehículo a la inspección técnica, y, si no es aprobado en la primera oportunidad, de acudir a un diagnóstico para cerciorarse de que resolvió los problemas detectados (o de que aún tiene alguno o varios pendientes) antes de ir a la segunda revisión.

En esa segunda revisión, igualmente lo revisa una comisión técnica, que aprueba y remite a la comisión provincial Minint-Mitrans, donde otro grupo de especialistas, de otra jerarquía, evalúa el caso con dictamen técnico, fotos; si es necesario van al lugar y revisan el equipo. Esa comisión provincial remite entonces a la comisión nacional Minint-Mitrans, donde también hay una evaluación y una comprobación del diagnóstico, y esta es la que propone al ministro hacer uso de sus facultades de orientar al Registro de Vehículos inscribir los medios aprobados.

Rigor para garantizar la seguridad vial

“La estadística dice que alrededor del 45-50% de los medios que se presentan, aprueban. Es un nivel alto, porque son medios que vamos a autorizar para que transiten legalmente por todas las vías del país, para que sean parte de nuestra cotidianeidad, y tenemos que contar con la certeza de que los elementos principales de la seguridad activa de los equipos de transporte estén presentes en ellos”, afirmó el director jurídico del Mitrans.

“Hay que inspeccionar con mucho rigor, hay normas desde el punto de vista técnico a tener en cuenta… Incluso, se hizo un cronograma de cómo hacer la inspección para buscar una homogeneidad en todo el país.

“El proceso está limitado a los momentos en que se hicieron los censos, en los que los propietarios presentaron sus equipos, porque corremos el riesgo de que, si no lo hacemos así, se sigan creando medios, y eso es peligroso. Es una responsabilidad muy alta, son medios de transporte que podrán transitar legalmente por nuestras calles y carreteras, algunos incluso para la transportación de carga o pasajeros.

“Por eso, necesitamos tener la certeza de que aquellos que aprobemos no serán la causa de que mañana se incrementen los accidentes de tránsito. Ese es el elemento fundamental de esta resolución, es una apertura, una manera de aportar soluciones a los problemas de transporte. Sabemos que hay municipios, zonas rurales, donde la población se mueve con estos medios, pero hay un bien supremo, la seguridad y la vida de las personas, y eso tenemos que protegerlo por encima de todo”, señaló Corujo Bosque.

Informó que ya terminó un primer momento, que incluyó aquellos vehículos a los que se les hizo alguna transformación no aprobada en la Resolución 349/2019 del ministro de Transporte, que permite cambios y conversiones. “Ese fue el primer proceso que se hizo, y alrededor del 50% de los que se presentaron fueron aprobados. En seis meses más, los no aprobados ahora podrán volver a presentarse”.

A la vez, empezó el proceso de revisión de los armados por partes y piezas, “que es más complejo. No es un carro salido de una fábrica certificada para construir medios de transporte. Son medios que las personas armaron con determinados elementos técnicos, y requieren una revisión mucho más rigurosa, por la alta responsabilidad que esto implica”.

Sobre este punto, Mario Pérez Ventura, director general de Transporte Automotor del Mitrans, recordó que está establecido por la Ley 109 que todo vehículo que circule por la vía pública debe contar con matrícula.

“Lo que establece la ley es que para fabricar equipos, el fabricante debe estar homologado por una sociedad reguladora, clasificadora. Todo el que fabrica en el país (Caisa, que produce ómnibus; la industria militar, el SIME, entre otras entidades, incluida la fabricación de ciclomotores o triciclos eléctricos) está homologado.

“Pero estos equipos armados por partes y piezas son fabricados por personas, no por entidades homologadas, y nosotros debemos asegurar que los vehículos que circulan legalmente por la vía pública, con matrícula, cumplan los requisitos de seguridad vial.

“Vamos a llevar legalmente a la vía pública medios que pudieran representar peligro para la vida de sus propietarios, de otros conductores y los peatones. De ahí el rigor en el proceso de revisión y homologación. Cuando proliferaron en las calles los ‘almendrones’ con cambios y conversiones, fue emitida la Resolución 349, regulando esos cambios, de forma tal que todo se haga con un proyecto, bajo determinadas regulaciones desde el punto de vista de diseño, de construcción y otros requerimientos que lleva un vehículo.

“Aquí hay una ingeniería inversa: un vehículo que se construyó por partes y piezas y que ahora hay que homologar. El rigor en cuanto a seguridad activa y pasiva de los medios es muy importante. Ese rigor lo estamos comprobando en los recorridos por provincias y lo tienen en cuenta las comisiones provinciales Minint-Mitrans y la nacional.

“Cuando se le ponga matrícula a un vehículo aprobado (y las regulaciones actuales establecen que también los ciclomotores, incluidas bicicletas con motor, deben tener matrícula), este puede circular por todas las vías de Cuba. Hay que tener mucho rigor en que estén asegurados los elementos de seguridad. No se puede autorizar que salga a la vía pública un vehículo que represente peligro para las personas.

“En general, hasta ahora ha habido una reacción positiva, porque han visto la confianza y que, independientemente del rigor en la observación de los requisitos de seguridad vial, hay voluntad de ayudarlos, señalarles los problemas e, incluso, a veces recomendarles cómo resolverlos. Nosotros o entre ellos mismos, porque entre ellos hay comunicación”, dijo.

Resolución 207: Vía para el arrendamiento y un uso más eficiente del transporte

Guillermo González Quintana, director de la Dirección de Ingeniería de Transporte Automotor del Mitrans, se refirió a la Resolución 207/2021, publicada en la Gaceta Oficial (extraordinaria) No. 68, del 30 de julio.

“Tiene como aspecto fundamental que las entidades estatales que cuenten con medios de transporte subutilizados (por problemas técnicos que esas empresas no están en capacidad de resolver por el momento), pueden formalizar su arrendamiento mediante contratos a personas jurídicas y naturales.

“En el caso de las naturales, deben ser aquellas que presenten un proyecto de interés social o local. En cuanto a las jurídicas, el contrato de arrendamiento puede incluir la opción de compra”, explicó.

Igualmente, la resolución permite que las entidades estatales que poseen medios de transporte, tanto de carga como de pasajeros, pueden realizar la prestación de servicios, alquilarlos a personas jurídicas y naturales.

La resolución abarca las obligaciones del arrendador y del arrendatario, elementos que deben estar definidos en el contrato, que incluye cláusulas que permiten que, en caso de alguna ilegalidad, cesen las relaciones contractuales.

El vehículo no pierde el logotipo de la entidad a la que pertenece, pero debajo se especifica que es un vehículo arrendado; circula con licencia y todos los documentos requeridos. Cuando sea inscrito en la Unidad Estatal de Tráfico para la función que cumplirá, estará autorizado.

González Quintana informó que el Grupo Empresarial de Servicios Automotores (GEA), del Mitrans, envió a los Gobiernos una lista de 147 medios disponibles, tanto ómnibus como camiones, con el objetivo de que en cada provincia puedan analizar el potencial de arrendamiento de esos equipos. La lista de medios disponibles del GEA se hará pública en el portal digital del ministerio.

Es algo que pueden hacer otras entidades y organismos, señalaron los responsables del Mitrans.

“A pesar de todo lo que hemos hecho en términos de informar y explicar, todavía esta apertura a la posibilidad de arrendamiento no ha tenido los resultados que esperamos”, comentó González Quintana.

“Se requiere una mayor divulgación y un mayor conocimiento de esta norma, porque permitirá, primeramente, que se eleve el coeficiente de disposición técnica del transporte que hoy está parado, sin prestar servicios; segundo, porque es una vía para que las nuevas formas de gestión, las mipymes y las cooperativas no agropecuarias, puedan tener acceso a estos equipos para emplearlos en sus actividades”, agregó.

El director jurídico del Mitrans se refirió al difícil escenario nacional en el sector del transporte. “No todas las entidades tienen los medios de transporte que necesitan para realizar sus funciones, y otras que cuentan con ellos, no tienen todos los recursos necesarios para que estén de alta y elevar el coeficiente de disposición técnica.

“Cuando hablamos de transporte, nos referimos a todo el abanico. Enseguida uno piensa en el camión, en el ómnibus, pero puede ser también un auto o una moto, cualquier medio de transporte. La resolución está abierta a todos los medios de transporte.

“Una entidad tiene vehículos paralizados por falta de neumáticos o piezas o agregados a los que no tiene acceso, pero hay una organización, que puede ser estatal o no estatal, una persona jurídica o una natural con un proyecto social o local, que está en condiciones de activar ese equipo. Puede, entonces, firmarse un contrato de arrendamiento de ese medio, que pasa a tener utilidad”, precisó.

“Es una opción mediante la cual dos entidades, de mutuo acuerdo, pueden buscar variantes de soluciones para la utilización de un medio de transporte en función de una actividad que aporte a esas entidades y al país”, destacó.

A la vez –añadió–, hay entidades que cuentan con un parque de medios de transporte que no están explotando permanentemente, y pueden prestar servicios a terceros: permutas, traslado de carga o materiales de construcción, servicios a la población, entre otros.

“Esta resolución lo permite. Podemos, entre todos, con un mayor nivel de eficiencia, aprovechar los medios de transporte que tenemos de alta y que no usamos en todo su potencial, o buscar una mayor eficiencia en el coeficiente de disposición técnica”, destacó.

Reiteró que hasta ahora no se han logrado muchos contratos de arrendamiento. “Es una alternativa. Hay que continuar insistiendo y explicando, cambiar mentalidades. Muchos empresarios a veces ven riesgos en contratar transporte con personas naturales, y también jurídicas. Ahora hay una norma legal que lo ampara, la Resolución 207/2021 del ministro de Transporte, que autoriza a dar ese paso legalmente, con beneficios para todos”.


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