Instituto de Información y Comunicación Social: ¿Qué debe conocer?

En un primer momento del espacio televisivo, Noya Martínez recordó los antecedentes de este Instituto, una inquietud que partió de los Congresos de la UPEC y de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. “En el 2013 se creó el primer grupo de trabajo conformado por académicos y representantes de los ministerios. Eso permitió un paso estratégico en la concepción de la política de comunicación social”.

En ese período, agregó, se pudieron hacer estudios y diagnósticos de la situación de la sociedad y cuáles debían ser los planteamientos que tenían que estar en esos contenidos y los principios que debían regir para poder gestionar un proceso de comunicación en el país en otras condiciones.

“Cuando en el 2018 se aprobó la política de comunicación social se quedaron dos componentes en estudio, uno tenía que ver con la publicidad y el patrocinio, que tuvo una salida en la ley, y el otro con la factibilidad de tener un organismo en la Administración Central del Estado que gestionara la comunicación social de manera estratégica e integrada”, explicó Noya Martínez.

En el año 2019 se crea un grupo permanente de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y Planificación, del Ministerio de Finanzas y Precios, de las universidades, expertos de las facultades de comunicación y trabajadores de la radio y la televisión y se hizo una propuesta de cómo debía ser ese instituto. En el 2021, por un Decreto Ley, se aprueba la creación del Instituto de Información y Comunicación Social.

El directivo recordó que con este decreto se extingue el Instituto Cubano de Radio y Televisión desde donde se regía la implementación de la política, se organizaba la producción de programas de radio y televisión y se conducía la política de promoción.

Ahora, añadió, el ICCS conducirá ese proceso, a partir de la política de comunicación social, pero en un sentido más abarcador, no solo centrado en los medios de comunicación sino en todos los ámbitos de la comunicación, tanto en el organizacional, comunitario y mediático.

“Ese fue un cambio estratégico. Se hablaba de una Ley de Prensa pero la comunicación era mucho más que los medios, y había que hacer una política que atendiera todos esos espacios de la comunicación. Se pensó en el ser humano como centro de ese proceso y en la necesidad de una gestión estratégica integrada. Hace falta que todo el mundo comunique. Hace falta diálogo. Hace falta que la sociedad converse y eso hizo que el concepto que se manejara fuera mucho más amplio”, dijo el presidente del ICCS.

En este sentido, refirió que hoy se habla de un modelo de gestión de la comunicación diferente, revolucionario, una política que después se convirtió en la política del Estado y del Gobierno cubano.

Sobre la misión del Instituto, Noya Martínez explicó que se encarga de conducir la implementación de la política, su control, y que no se quedé ahí sino también “contribuir a que haya más diálogo, a que la gente se comunique, a que se cree una cultura de diálogo, se busque consenso”.

Al respecto, abundó: “Otro sello distintivo en la creación del Instituto es que no solo implementa la política, conduce esos procesos, propone su perfeccionamiento, sino que además tiene la responsabilidad de contribuir a conformar esa cultura de diálogo que tiene que tener la sociedad”.

El ICCS nace con 16 funciones, entre ellas, gestionar un sistema que permita hacer una comunicación que sea estratégica e integrada. Para ello, insistió el presidente, hay que aprender a perfeccionar de manera eficiente los espacios de discusión que hay en todo el país y lograr que esa retroalimentación sea más sistemática.

“Poder desarrollar las investigaciones sociales es otra de las funciones que tiene que ocuparse el Instituto. Ahí hay un mundo por recorrer”, dijo.

Sobre el proceso de conformación del Instituto, agregó que se creó el Consejo de Dirección y el Consejo Técnico Asesor. “Lo primero que hicimos fue una escuela ramal para preparar a las personas que integrarán el Instituto. Ya se han hecho cursos que tienen que ver con las propias estructuras dirección de la Administración Central del Estado y se han hecho también preparaciones en las direcciones provinciales”.

Entre las prioridades del Instituto en esta primera etapa, Alfonso Noya señaló el perfeccionamiento de los sistemas de la radio y la televisión, para lograr “espacios más participativos, que se parezcan más a los intereses de las audiencias, que exista un diálogo con esos creadores”.

Después, añadió, está concebido en la segunda etapa el perfeccionamiento del sistema empresarial. En una tercera fase, se perfeccionarán los sistemas de investigación.

Respecto a la Ley de Comunicación, el presidente del ICCS dijo que permite articular y regular un sistema de comunicación social en el país más eficiente. “Siempre lo hemos tenido, pero ahora el desafío está en que sea mucho más eficaz y eficiente ese sistema”. 

El organismo, añadió, hay que verlo como un facilitador para hacer más comunicación en esta sociedad. “Ni las estructuras, ni los territorios están hechos para interponerse, cerrar o limitar nuestro trabajo. Al Instituto lo vemos como un vehículo responsable de lograr de que en este país dialoguemos más”.

El 24 de agosto de 2021 la Gaceta Oficial publicaba el Decreto Ley de creación del Instituto de Información y Comunicación Social.

¿Cuál será la estructura en provincias y municipios?

En otro momento de la Mesa Redonda, Belkis Pérez Cruz, vicepresidenta del Instituto de Información y Comunicación Social, explicó que, para que el instituto cumpla su misión y funciones, debe contar con una estructura que respalde ese propósito.

Al respecto, informó que se avanza en el completamiento de los cargos aprobados. “Han sido meses de estudios, seleccionando a las personas que pueden cubrir esas plazas, y tratando de que se incorporen comunicadores sociales, periodistas; pero también psicólogos, sociólogos, abogados, y otras personas con práctica en los distintos ámbitos de comunicación que puedan aportar sus conocimientos”.

En el caso de las provincias, existe una Dirección General de Información y Comunicación Social, que estará subordinada directamente al gobernador de cada territorio. Esa estructura tendrá la misión de coordinar y controlar la aplicación de las normativas; así como la organización y uso de la información pública y la comunicación social con transparencia.

Pérez Cruz mencionó que solo faltan por nombrar tres directores provinciales, en Pinar del Río, Matanzas y Santiago de Cuba, que deben ser designados antes de que termine el año.

A nivel de municipio también habrá departamentos, en este caso, subordinados de manera directa al intendente. Esas estructuras tendrían la función de coordinar y controlar el cumplimiento de las disposiciones normativas en el territorio donde operen. Según Pérez Cruz, se han creado organizaciones de este tipo en la mayoría de los 168 municipios del país.

La vicepresidenta del Instituto de Información y Comunicación social explicó que esta entidad ejercerá sobre las estructuras municipales y provinciales una autoridad funcional, que les permita operar con autonomía. “Ellos se subordinarán al gobernador o al intendente, en cada caso, y la nuestra será una autoridad más bien metodológica”.

¿Cómo, desde nuestro instituto, podremos garantizar que se gestione la comunicación social de manera estratégica e integrada?, preguntaba también la vicepresidenta.

La entidad tiene dos direcciones generales y varias direcciones que obedecen al cumplimiento de sus prerrogativas como organismo de la Administración Central del Estado.

Por ejemplo, Pérez Cruz explicó que hay una dirección general para la atención a la comunicación organizacional y comunitaria, que debe asesorar metodológicamente y velar por que se cumpla lo dispuesto en la Ley de Comunicación Social, tanto en la comunicación organizacional (en empresas, instituciones, etc.), como en el ámbito comunitario.

La comunicación mediática, mientras tanto, tiene una Dirección de Políticas Mediáticas, que debe velar por lo dispuesto en el caso de los medios, periodistas, directivos, entre otros profesionales que se desempeñen en ese campo.

También existe una Dirección General de Radio y Televisión, que en esta primera etapa mantiene su funcionamiento actual, aunque se debe hacer un estudio sobre la reorganización de sus sistemas.

Está además la Dirección de Publicidad y Patrocinio, que resulta un tema novedoso, y como no ha sido práctica en los últimos años, hay mucho que aprender en ese sentido y aplicar de lo que la ley dispuso. Todo lo anterior lleva una preparación, tanto a los directivos como al resto del personal, señaló Pérez Cruz.

De igual modo, dijo que actualmente se diseña un curso para los directores municipales, labor en la que apoyan la Asociación de Comunicadores Sociales y la Unión de Periodistas de Cuba.

“Se prevén acciones próximamente para distintos niveles de dirección del país, y trabajamos un programa curricular para la comunicación política”, informó además la vicepresidenta.

Explicó que, para mejorar en el ámbito comunicacional, debe lograrse una transformación cultural profunda, y para eso hay que preparar a las personas, comunicar mejor, aprovechar más los espacios de diálogo, abandonar el enfoque de comunicación que tiene a los medios en su centro; y garantizar facilidades a las personas para que accedan a la información de interés público. Para lograr todo lo anterior, la capacitación es uno de los pilares más importantes, dijo Pérez Cruz.

Volviendo al funcionamiento de la comunicación en los municipios, Jorge Legañoa Alonso comentó la fortaleza que suponen en este proceso quienes se formaron en las sedes universitarias municipales, que muchos estarán ahora al frente de las nuevas estructuras.

“Puede que en algunos lugares haya que corregir las prácticas desde lo metodológico, porque estamos construyendo un sistema y es necesario poner más ciencia a la comunicación, pero ya hay plataformas estructuradas en muchos municipios, como los portales del ciudadano, las páginas de las entidades en redes sociales, entre otras”, mencionó Legañoa.

También hizo especial énfasis en que la comunicación comunitaria es más que la emisora del territorio o el espacio geográfico, porque también existen comunidades de intereses.

“La batalla de comunicación se decide en el barrio, con los propios delegados y sus electores. Ahí es donde debe ponerse el acento”, mencionó.

Legañoa explicó la importancia de que los municipios reconozcan un portavoz; para que las personas sepan a quién dirigirse en situaciones de crisis.

“Oportunidad, veracidad, transparencia, inmediatez: esas cuatro palabras son la esencia de este proceso”, aseguró.

Sobre la normativa

Más adelante, Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto, señaló que, “cuando en su medular intervención cerrando el debate del Proyecto de Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional del Poder Popular el 25 de mayo de este propio año, nuestro presidente expresó que aprobar la Ley y tenerla era el primer paso en ese camino de regulación y organización de la comunicación social en el país y el sistema como tal, evidentemente también estaba allí la esencia de los reglamentos que debían sucederle a la Ley”.

“Y en ese camino estábamos en la asamblea, estábamos en el júbilo, en el gran aplauso por la aprobación de la Ley después de tantos y tantos años de una aspiración que se coronaba en ese instante. La Ley inédita, histórica, como también nuestro propio primer secretario ha expresado, pero evidentemente esa Ley a partir de su concepción desde el punto de vista jurídico reclamaba y demandaba la presencia de normas complementarias, que vienen a ser aquellas que van a regular normas y procedimientos que, de alguna manera, sustentan la ejecución después en la práctica de ese cuerpo normativo. Es decir, estamos, con la elaboración de los reglamentos, el reglamento propio de la Ley y el reglamento específico para el ejercicio de la publicidad y el patrocinio, dándole continuidad a ese proceso normativo que traza el marco regulatorio para el desarrollo de la comunicación social en el país”, explicó Castillo Corderí.

Agregó que en la Ley hay una disposición final, la disposición final primera, que traza un mandato, y ese mandato dice que el Consejo de Ministros aprueba las disposiciones normativas reglamentarias de la misma, y desde ese momento ya se concibió la existencia de dos disposiciones normativas.

“ Y por qué dos. El primer elemento para pensar de esa manera tenía que ver con que la Ley fue creciendo en su desarrollo. Empezó primero como un proyecto de decreto Ley, luego como parte del desarrollo del cronograma legislativo de la nación posteriormente a la aprobación de la nueva Constitución, determinó que se convirtiese en Ley, se subiera el rango jurídico de la norma.

“Al convertirse en Ley todo el proceso de desarrollo y de trabajo que tuvo, esa fértil construcción colectiva, fue elevando la cualidad de esa norma jurídica. Y entonces, de un anteproyecto de apenas 69 artículos presentado en el mes de julio del año pasado, cuando se aprueba en la Asamblea Nacional del Poder Popular ya tiene 107 artículos. Eso hizo que se le fuera incorporando muchísimo contenido y un grupo de asuntos que iban respondiendo a las demandas, a las sugerencias, a las recomendaciones, a las críticas, que todos los interlocutores de la norma con el equipo redactor aportaron; algo de mucha trascendencia”, dijo.

En opinión del vicepresidente del Instituto, la ley entonces fue a convertirse en un nicho conceptual pero también en un nicho jurídico que tenía muchos elementos procedimentales.

“Recuerdo que uno de los temas que más opiniones generó en nuestros expertos y población en general sobre el tema de la publicidad y el patrocinio era que se veía muy poco contenido en lo que a eso concernía. Y entonces aparecían legítimas preocupaciones de nuestro pueblo de si se podía poner en peligro el sistema social cubano, los valores conquistados por la Revolución, el sistema de justicia social que hemos defendido con tanta entereza durante tantos años, y entonces se decía: pero es que es muy poco lo que se dice, todo se deja a normas posteriores y esas normas posteriores no tienen el rango de Ley. Y eso de alguna manera fue comprendido y asumido con mucha humildad por el equipo redactor de la norma y entonces también extendimos en el cuerpo legal de la Ley todo lo concerniente a la publicidad y al patrocinio.

“¿Eso qué ha significado? Que no solamente era el mandato de cumplir esa disposición final primera, sino también que esas disposiciones normativas reglamentarias. Tanto la propia de la Ley como la de publicidad y patrocinio, tenían un gran cometido, y era que lo que hacía a la Ley respaldar y contribuir al cumplimiento, el derecho, el ejercicio y el desarrollo de derechos proclamados en la Constitución, desde esa norma reglamentaria tenían que existir las vías, los canales, los procedimientos, para que esos derechos pudieran ejercerse. Porque no basta con tener la Ley. Hay cuerpos normativos que se trazan y solamente son la Ley, no llevan disposiciones normativas reglamentarias, pero en este caso sí era necesario fundamentalmente en lo relativo a la publicidad y el patrocinio”, explicó.

De esa manera, consideró Castillo Corderí, se estaba diciendo en la Ley y subrayando todo el tiempo en esta una suerte de cuatro líneas fundamentales de la comunicación social como proceso sociocultural: que es interacción, que es producción de sentido, que es diálogo, que es participación, que es consenso, que es también el reflejo de la identidad, que es producción ideológica, reproducción ideológica…

“Pero cómo eso se logra, cómo eso se gestiona, cómo eso se puede reglamentar, cómo eso se puede llevar a procedimientos, a canales, a vías, a mecanismos de trabajo. Todo eso se logra de alguna manera en los reglamentos que se están proponiendo a la dirección del país, y que en este momento son proyectos de esos reglamentos.

“Ese trabajo que tiene que ver con todo el contenido que se incorporó a la Ley, determinó que el proyecto de reglamento de la misma únicamente se refiera a 17 artículos de la Ley. Eso significa que 90 artículos no tienen desarrollo reglamentario porque están en la propia Ley por su manera de expresión, ya tienen los componentes regulatorios de reglamento que podrían haber necesitado. Y esos 17 artículos están en 7 capítulos diferentes de la norma. Atienden a temas como la información que se intercambia en los procesos de comunicación social. Por ejemplo, la Ley habla de la información que puede omitirse o denegarse por una fuente obligada a brindarla, entonces, ¿qué ocurre cuando eso sucede? ¿Cuándo es una información omitida? ¿Cuándo es una información denegada? ¿Por qué se puede denegar una información conforme a las regulaciones establecidas? ¿Qué derecho tienen los periodistas y directivos de los medios de comunicación social? ¿Cómo pueden pronunciarse? ¿A quién pueden reclamarle? Y todo eso de algún modo está recogido en el proyecto de reglamento de la Ley de Comunicación Social”, comentó.

Dijo que en el texto legal está todo lo inherente a la inscripción de los medios de comunicación social en los registros de publicaciones seriadas y de sitios web, los procedimientos, cómo se garantiza el derecho de las personas y no dejar a ningún ciudadano en estado de indefensión.

“Eso significa que toda decisión administrativa puede impugnarse, que tiene que haber siempre una oportunidad de reclamar ante una instancia superior, y también por supuesto que queda siempre expedito el camino de la vía judicial en los casos que corresponda de esa manera. Y otros elementos que tienen que ver con el régimen de la responsabilidad administrativa. ¿Qué se tipifica como infracción? ¿Qué medidas pueden aplicarse? ¿Cómo se puede decir que una violación tiene una naturaleza de tal envergadura, connotación, gravedad, que determina que esa infracción lo que determina es que se aplique una notificación preventiva, porque no tiene digamos una entidad que exija una medida de mayor rigor? Pero está por ejemplo la multa, también quizás el cese del registro temporalmente, o puede estar la cancelación definitiva del registro, y otras medidas que también se recogen en la norma”, refirió.

Dijo el reglamento sobre la publicidad y el patrocinio es extenso, con 182 artículos. “Hay muchísimos campos”, dijo.

“Es verdad que tenemos una Ley de Comunicación inédita que no tiene parangón a nivel internacional. Sin embargo, sobre publicidad y patrocinio sí hay muchísima legislación. Pero hay mucha que está hecha desde otras realidades, contextos donde prima la ley del mercado, donde el ser humano no es lo más importante, donde no hay un principio de justicia social desde el Estado como en el caso de Cuba. Y eso determinó que hubo que hacer todo ese estudio de derecho comparado, pero también una asimilación de todos esos conceptos y a partir de la práctica cubana en materia de publicidad y patrocinio, una práctica desde el socialismo, entonces empezar a trazar cuáles eran los caminos de esa publicidad y el patrocinio”, señaló Castillo Corderí.

Apuntó que hay temas que fueron de mucha preocupación del pueblo. “Por ejemplo, cómo se puede proteger en la publicidad y el patrocinio los derechos de la mujer, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las personas en situación de discapacidad, de nuestros adultos mayores, porque es verdad que eso está recogido con mucha exactitud en la Ley, pero, ¿y en la publicidad y el patrocinio qué podía pasar? Por eso también la publicidad y el patrocinio cuando se desarrollan en su disposición normativa reglamentaria hacen también una apelación significativa a todos estos elementos”, sostuvo.

El vicepresidente del Instituto se refirió además a preocupaciones acerca del papel que pudieran tener la publicidad del patrocinio en el rol de los medios. 

“¿Por qué? Es que el canal de distribución esencial de la publicidad y el patrocinio en el mundo son los medios de comunicación social, y cuando se habla de esos medios, básicamente la televisión. Es verdad que con la emergencia de Internet la publicidad y el patrocinio en la televisión han ido disminuyendo un poco y va creciendo Internet, también está creciendo la radio en materia de difusión publicitaria, aunque algunos no lo vean de ese modo, pero, ¿qué puede pasar? Qué puede pasar si nuestra televisión nacional, televisión pública, con un compromiso social extraordinario, identifica con los proyectos más genuinos del desarrollo de la revolución, pifia en materia de publicidad. Todo eso hay que regularlo”, abundó.

“Puedo decirles, por ejemplo, que la norma está reglamentando que la televisión pública cubana, la radio pública cubana, sus cien emisoras, sus cuarenta y dos canales, no pueden tener más de tres minutos de publicidad por hora. Eso significa que una emisora de radio que tiene 18 horas de transmisión no puede tener más de 54 minutos de publicidad. Pero también hay un tiempo reglamentado para los distintos anunciantes; tampoco un anunciante puede concentrar mucho más tiempo en detrimento de otros. Hay restricciones para las bebidas alcohólicas, para los cigarros, para los alimentos, para los medicamentos.

“Hay restricciones muy sólidas con el tema de la contratación. No puede existir publicidad y patrocinio en Cuba, y dentro del patrocinio mecenazgo, si no hay una relación contractual establecida con obligaciones, conforme a la legislación cubana en materia de contratación económica y a otros elementos que se fijan en la Ley y también están de alguna manera reiterados en el reglamento, que tienen que ver con la licitud de las fuentes de financiamiento para realizar acciones de publicidad y patrocinio.

“Obligaciones, deberes, restricciones y responsabilidades de anunciantes, de agencias, de creativos, de medios, están también recogidos en ese documento”, mencionó.

“Puedo asegurar, categóricamente con mucha responsabilidad, que este reglamento de publicidad y patrocinio se convierte en un instrumento de estudio fundamental para pertrecharnos de conocimientos y del marco regulatorio antes de hacer publicidad. No tendría ningún sentido que nosotros empezáramos a hacer desordenadamente publicidad y patrocinio sin antes conocer cuáles son las pautas que la Ley y el reglamento y cómo eso se puede cumplimentar a partir de un ejercicio razonable, responsable, sin miedo, pero hacerlo, porque lo que hay que hacer con la publicidad y patrocinio que se gestionan en Cuba es regularla, y regularla y por supuesto cumplirlo”, puntualizó.

Opinó que todos estos temas llevan también un gran trabajo de atención, de capacitación, de superación, de conocimiento, para lograr que todo esto se garantice con mucha fuerza e intensidad.

“¿Y por qué se hacen los reglamentos? Porque se completa todo este escenario normativo, que luego continúa y es muy importante que así lo dejemos claro. No basta con tener reglamentos de la Ley. También esto tiene llamados y mandatos para los distintos Organismos de la Administración Central del Estado para que también implementen sus normativas internas.

“En este instante siguen pugnando los pueblos por tener políticas públicas en materia de comunicación social. Se sigue trabajando. Hay muchos esfuerzos desde el punto de vista multilateral, que a veces lideran la UNESCO, Naciones Unidas, en el tema del derecho humano a la información, la comunicación y el conocimiento. Pero eso no puede gestarse sin marcos regulatorios, y marcos regulatorios que tienen que implementarse, que tienen que hacerse con la discusión democrática y pública de los ciudadanos como se ha hecho en el caso de Cuba.

“Por supuesto eso va a permitir que Cuba también no tenga una Ley de Comunicación Social sino también que tenga normas reglamentarias que la complemente, y que por supuesto permita que Cuba también se proteja desde el punto de vista de Seguridad Nacional y defensa nacional en estos temas, que son tan vilipendiados a nivel internacional y que pueden ser objeto de diálogo, de participación popular, de construcción colectiva, de sueño, de desarrollo profesional, de avance de una sociedad, pero también lamentablemente pueden ser objeto de colonización cultural, de humillación social, de destrucción de sociedades, de identidades de los pueblos. Y en ese sentido se ha ido trabajando para que nuestra comunicación social tenga un marco regulatorio que realmente permita que todo ese desarrollo apunte a consolidar el estado socialista de derecho y justicia social”, concluyó.

Al intervenir en los minutos finales del espacio televisivo, Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto consideró que si algo tiene una expresión en la vida va a ser el trabajo de este Instituto.

“Nosotros estamos en el momento inicial del trabajo, hay muchísimos desafíos, retos inmensos, pero la manera de medir los resultados del trabajo que tiene que hacer el Instituto tiene una expresión práctica. Si nosotros logramos que verdaderamente haya un crecimiento en la cultura de la comunicación en este país, en la educación para la comunicación en el país; si nosotros logramos tener un ciudadano con mucho más derecho a ese acceso a la información, al conocimiento, como está puesto en la Constitución; si logramos un ciudadano con una participación mucho más activa, con un compromiso, con mucho más conocimiento en materia del proyecto que defiende; si logramos hacer un ejercicio de control popular a partir de más conocimiento, de más información; si logramos que el ejercicio del servicio público sea como el que nos dijo Fidel, ese de que siempre tendríamos que tener la capacidad de poder dialogar con el pueblo, que el día que no podamos dialogar con el pueblo tendríamos que dejar nuestras funciones públicas, ya lo dijo en el año 59 en el propio recorrido de la Caravana; si nosotros logramos que todo el mundo se apropie de las herramientas para ser más eficiente su labor; si nosotros logramos tener medios de comunicación del sistema público de nuestros medios que logremos que verdaderamente mantengan su posicionamiento, que la gente los busque, que les importe, dialoguen con el pueblo, el pueblo reconozca ahí sus intereses que yo creo que también ahí tenemos un desafío todavía y muchas cosas por las que podemos trabajar; nosotros podremos decir que el sentido para el que se ha creado este organismo la administración central del estado estaría más cercano del cumplimiento de su misión”dijo.

“Sabemos que es una tarea compleja, pero también sabemos, como nos dijo el primer secretario desde el propio 8vo Congreso del Partido y también son ideas que se repitieron después en la Asamblea Nacional, si nosotros queremos verdaderamente convertir la comunicación social en ese recurso estratégico lo tenemos que convertir en ese soporte, en ese pilar de la gestión del gobierno, tenemos que lograr que sea un derecho ciudadano, y tenemos que lograr además que en la vida, en la práctica social nuestra contribuya a la búsqueda de ese consenso permanente.

“No se puede construir una sociedad de más derecho, de más justicia, como es el sueño de la construcción de una sociedad socialista, si no tenemos un ciudadano mucho más comprometido, más activo, con más derechos, más participación, donde el ejercicio de la comunicación tenga un papel central. Ahí estaría el resumen de cómo debemos evaluar… yo creo que ahí hay indicadores bien concretos para poder decir si nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde”, concluyó.