Proyecciones para incrementar la producción nacional y perfeccionar el sistema empresarial

Para estimular la producción nacional aumentaron las tarifas arancelarias de algunos productos terminados. Por esta vía se captaron 610 millones de pesos, 502 millones más que en igual período de 2023.

En cuanto a las tierras entregadas en usufructo, el primer ministro dijo ante el plenario de la Asamblea Nacional que se avanza en el proceso de depuración y en la evaluación del uso que se le ha dado, un proceso en el que se han comprobado muchas violaciones.

“Hasta la fecha, se han depurado 388 000 tenentes, detectándose 130 000 ilegalidades”, informó.

A la par, comenzó el control integral a la existencia de ganado mayor y su registro. “Se ha visitado a 107 000 propietarios y se han detectado 98 000 violaciones, de las que se ha resuelto el 66%”.

Como parte de las medidas y acciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, se concibe el perfeccionamiento de la ONAT para impulsar correcciones en el ámbito tributario.

Marrero Cruz señaló que la ONAT se convirtió en entidad nacional adscrita al Consejo de Ministros, con facultades que no tenía. “Hemos incrementado las acciones en materia fiscal, se han recaudado 159 000 millones de pesos, 10% más que lo planificado, y se ejecutaron 122 000 acciones de fiscalización”.

Señaló, además, que la evasión de impuestos de las formas de gestión no estatal es de 50 000 millones, un tercio del déficit fiscal.

Más adelante, sostuvo que “aunque estemos en economía de guerra, necesitamos tener un plan objetivo”, en lo cual se inserta la reducción del déficit fiscal en más de 25 000 millones.

“Fueron ajustadas varias partidas, incluyendo inversiones que no se han ejecutado”, precisó.

El primer ministro reconoció ante los diputados que los altos precios de productos y servicios básicos a la población siguen siendo una de las principales insatisfacciones. En ese ámbito, se decidió aprobar una nueva política de precios, para que estos reflejen las condiciones objetivas de sus mercados y la producción, y se regularon los precios de seis productos de alta demanda, una medida acompañada por la exoneración de aranceles.

Los precios topados no reflejan aún la relación entre los precios y salarios. Marrero Cruz explicó que se toparon tomando en cuenta la necesidad de, al menos, detener su crecimiento.

Este proceso se ha desarrollado con intercambios con 4 363 encuentros con formas de gestión no estatal, comenzó el 8 de julio y se mantiene el seguimiento.

Según el primer ministro, entre los días 12 y 13 11 se hicieron 891 inspecciones y fueron detectadas más de 4 000 violaciones. Se impusieron más de 4 000 multas, que ascienden a un monto superior a 13 millones de pesos en dos días. Entre las violaciones, están las de quienes esconden los productos.

“Estamos yendo a donde están los productos”, dijo, y precisó que como resultado de esas acciones se hicieron 354 ventas forzosas a los precios establecidos y se retiraron 53 licencias, a lo que sumaron 21 decomisos.

Aclaró que “el objetivo no es cerrar negocios, sino persuadir para que se cumpla lo establecido. Continuaremos con este enfrentamiento, realizaremos acciones conjuntas y sistemáticas. Es muy importante el control popular en este camino”.

Hay 7 300 inspectores en la calle y “podemos llegar a 20 000. La solución definitiva a los altos precios es producir más e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población. Eso es progresivo. Pero hacen falta medidas como estas”, añadió.

Producción de alimentos

Las producciones agrícolas en el país mantienen la tendencia al incumplimiento de los planes.

Sobre esta realidad, Marrero Cruz enfatizó que “es tarea de orden incentivar la producción nacional. No se alcanzan rendimientos adecuados. La responsabilidad de alimentar al pueblo sigue siendo del Gobierno. Si no contratamos, no sabemos el destino de esas producciones y se empiezan a vender a precios abusivos. Es vital incrementar la contratación de las producciones, evitar intermediarios”, dijo.

Al referirse al balance de alimentos, destacó cuán importante es definir qué necesita un municipio, qué puede producir, cómo empezar un proceso de compromiso de los balances a nivel de municipio.

“Que los territorios identifiquen las potencialidades con que cuentan. Hay que seguir librando esta pelea para identificar en el plan qué municipios se abastecerán, con qué productos. Es la esencia del empoderamiento, de la autonomía de los municipios”, apuntó.

Al cierre de junio, se había contratado el 95% de los productos agrícolas, “un proceso que

no ha estado exento de dificultades. En los municipios, se debe influir para contratar la mayoría de las producciones, en aras de garantizar el acopio por el Gobierno y en beneficio de lo que se comercializa al pueblo”.

Según el primer ministro, a pesar de las acciones emprendidas no se logra que todos los territorios identifiquen las potencialidades con que cuentan. “Ratificamos que los alimentos más seguros con que podemos contar son los que seamos capaces de producir”, dijo.

En el sector azucarero no se logró la producción planificada para satisfacer la demanda, aunque de 83 días se pasó a 150. “Tenemos que incorporar la inversión extranjera en la producción azucarera en el país”, dijo Marrero Cruz. “Hubo limitaciones de recursos, como combustibles y lubricantes, e incidieron deficiencias internas por problemas organizativos”.

En este punto, el primer ministro informó que se aprobó promover negocios que contribuyan al cumplimiento de las 93 medidas para salvar la industria azucarera.

Ley de Empresas

Uno de los objetivos del programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía es avanzar en el desarrollo del sistema empresarial del país y en la integración entre todos los actores económicos.

El primer ministro explicó que las acciones desarrolladas han estado enfocadas en la elaboración de la Política para la Ley de Empresas, la actualización de las normas jurídicas para los nuevos actores económicos y ordenar las relaciones entre los diferentes actores.

Esta semana se ha celebrado un debate de varias comisiones permanentes del Parlamento sobre esa política, que fue aprobada para avanzar en la elaboración de la ley.

Marrero Cruz habló sobre empresas que van más allá de arrendar capacidades ociosas o articular con las FGNE y alquilan, ceden sus instalaciones y capacidades, afectando su producción e incluso a sus propios trabajadores.

“Estamos estimulando el encadenamiento productivo. No podemos prohibir a una mipyme que una empresa le alquile los talleres. Pero con las empresas estatales sí tomaremos medidas. Hay que defender el encadenamiento productivo para estimular la producción sin afectar a la empresa”, señaló.

“Debe haber un proceso de licitación, escoger al mejor, y tiene que ser una decisión colectiva. En el contrato se deben negociar los precios justos”, añadió.

Insistió en que se debe verificar que el actor no estatal que va a contratar con la empresa tenga en el objeto social esa actividad, y que los dueños de esas mipymes no sean familiares de directivos de la empresa, o exempleados de esta.

Más adelante, el primer ministro adelantó que durante el segundo semestre de este año se avanzará en el perfeccionamiento de las estructuras y funciones del sector empresarial estatal, que prevé ordenar las UEB, cuáles pueden pasar a empresas filiales o a mipymes estatales, así como el análisis de la relación entre empresas y OSDE.

A modo de resumen, enumeró los principios que regulan las relaciones entre el sector estatal y las FGNE:

• Fomentar el encadenamiento productivo y no ceder capacidades productivas.
• Reforzar el carácter obligatorio de los procesos de licitación y concertación de precios.
• Verificar que el actor no estatal tiene en el objeto social la actividad que se

pretende realizar.

• No podrán contratarse cuando el socio o titular del negocio tenga vínculos de parentesco o haya trabajado en la entidad.
• Las entidades estatales no pueden exceder el límite de gastos aprobados

para realizar compras a las FGNE.

En esta etapa, las unidades presupuestadas pagaron 4 750 millones de pesos a personas naturales y otras FGNE, un incremento de 990 millones de pesos con relación al año anterior.

Marrero Cruz apuntó que ante esta tendencia se establecieron regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos del sector estatal al no estatal, estableciendo aceptar precios que contengan una utilidad de hasta el 30%.

“No se puede permitir que haya más de un 30% de ganancia. Hoy, a veces se aplica hasta el doble o el triple de ganancia”, dijo.

En este contexto, se desarrolló un amplio proceso de análisis y consultas con ministerios, diferentes actores económicos, Gobiernos provinciales y municipales y diputados sobre seis decretos leyes luego aprobados, con la intención de aplicarlos desde septiembre.

El primer ministro dijo que las normas que se implementan permitirán corregir las distorsiones generadas por vacíos en las normas anteriores y por violaciones de lo establecido.

Las normas incluyen seis decretos leyes, dos decretos y 17 resoluciones de diferentes ministerios

Entre las principales modificaciones que se generan están que el municipio debe incentivar que todos los actores económicos tributen al desarrollo territorial, cambios en las normas jurídicas para mipymes y CNA y la descentralización de la facultad de aprobación de las mipymes privadas y CNA a los Consejos de Administración Municipales (CAM), siempre que estén en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal, solucionen necesidades del territorio o sean de interés provincial o nacional.