Aprueban nueva Ley de la Vivienda: un paso trascendental para el desarrollo habitacional del país

Tomado de Granma/

declarado en el título constitutivo.

El propietario de una vivienda declarada en estado de ruina por la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano o la Delegación del Municipio Especial de la Isla de la Juventud, puede tramitarla a favor de personas naturales o jurídicas con el fin de recuperar su valor de uso en edificación de hasta dos pisos o apartamentos.

El propietario de una vivienda colindante con otra en sentido horizontal o vertical, puede ceder al otro propietario una o más habitaciones o espacios edificados previo cumplimiento de los trámites y formalidades establecidas, siempre que se mantenga la condición de vivienda adecuada. Los propietarios de vivienda pueden concertar contratos de comodato.

«Se elimina la autorización administrativa para la transmisión de solares yermos que emite la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbano y se amplían las facultades de los propietarios. Asimismo, se elimina la autorización administrativa que emite la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano para ceder una casa o conjuntamente la propiedad parcial o total de la superficie de la azotea para construir o ampliar vivienda».
Mesa Villafaña resaltó que los propietarios de vivienda pueden permutarla por una o más por otro bien o derecho de cualquier naturaleza.

Y en el arrendamiento de vivienda estatal puede solicitar aprobación para permutar y dividir la vivienda y subarrendar las habitaciones o espacios. «El propietario puede transmitir su vivienda a personas naturales o jurídicas por donación».
Además, se establece la permuta de vivienda patrimonio del organismo y la compraventa, así como la permuta con personas naturales.

Como norma jurídica complementaria, este proyecto de ley tiene tres reglamentos: reglamento de propiedad horizontal, de la ley general y reglamento de las cooperativas de vivienda.

UNA LEY QUE RATIFICA LA VOLUNTAD SOCIAL DEL ESTADO

Al presentar el dictamen Magda Ileana Pérez Matos, jefa de la comisión de Industria, Construcciones y Energía, de la ANPP, expresó que el ámbito de aplicación de la Ley alcanza las acciones de protección pública, gestión de la vivienda en términos de producción, calidad, financiamiento, distribución, uso y conservación, así como su acceso y transmisión.

«Mediante la propuesta de ley se ratifica la voluntad política del Estado cubano de desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas que habitan en condiciones de riesgo, las sensibles por la edad, enfermedad, situación de discapacidad, violencia familiar, personas que se dedican al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados de escasos recursos económicos y otras de bajos ingresos».

A su juicio resulta novedosa la ampliación de derechos de las personas naturales y jurídicas titulares de vivienda, y al propio tiempo la responsabilidad en el ejercicio pleno de estos derechos, así como la incorporación de todos los actores económicos en el programa de construcción de viviendas y sus urbanizaciones.

En tanto, Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda, del Ministerio de la Construcción, explicó que el tema del abandono de inmuebles fue incorporado al proyecto de ley por una necesidad de Gobierno para responder a situaciones muy específicas ante las cuales no teníamos una vía legal para proceder.
Aclaró que los propietarios que abandonan su vivienda tienen una responsabilidad social con su vivienda. Esto debe ser tramitado por un tribunal y evaluado por el mismo. Además, especificó que no se aplicará la ley arbitrariamente ante cualquier situación, primero se informará a las partes pertinentes, se estudiará a profundidad el caso y la principal causa es el estado de ruina de los inmuebles.

Con esta nueva ley, Cuba actualiza su marco normativo habitacional, amplía derechos y reconoce la participación de todos los actores económicos y sociales en la solución del déficit de viviendas, siempre bajo la rectoría del Estado y con el objetivo de garantizar el bienestar de la población.